A mediados del siglo XIII, Castilla decidió que ciertos documentos serían verdad por el mero hecho de estar escritos por determinada persona. Esa persona era el escribano público, su capacidad se llamaba fe pública, y controlar quién la ejercía en una villa resultó ser una forma de poder más duradera que cualquier señorío.
El problema anterior
Antes de que existiera el notario tal como lo entendemos, probar un acuerdo era un asunto incierto y frecuentemente violento.
Los métodos disponibles eran la memoria de los testigos —falible, mortal y comprable—, el juramento y, en última instancia, la fuerza. Un contrato valía lo que valiera la capacidad de las partes para hacerlo cumplir.
A medida que la economía castellana se complicó —con compraventas de tierra, préstamos, dotes, censos, testamentos y sociedades mercantiles—, aquel sistema dejó de sostenerse. Hacía falta un mecanismo que convirtiera un acuerdo en algo demostrable diez, veinte o cincuenta años después.
Lo que establecieron las Siete Partidas
Las Siete Partidas, redactadas bajo Alfonso X entre 1256 y 1265 aproximadamente, son el gran código legal de la Castilla medieval y una obra jurídica de ambición enciclopédica. Entre otras muchas materias, codifican con detalle la figura del escribano.
Sus disposiciones establecen esencialmente cuatro cosas:
- Quién puede serlo. Se exigen condiciones de honradez, discreción, conocimiento del derecho y capacidad de escribir correctamente.
- Cómo se nombra. El oficio procede del rey o de quien tenga potestad delegada. No se ejerce por iniciativa propia.
- Qué debe hacer. Redactar los documentos con las fórmulas debidas, conservar el registro y custodiarlo.
- Qué valor tiene su trabajo. Lo escrito por él hace fe: se presume verdadero salvo prueba en contrario.
Ese último punto es el decisivo. La fe pública significa que el documento no necesita testigos vivos para valer. La verdad legal queda depositada en el papel y en el sello de quien lo redactó.
Qué era «de número»
La expresión suele malinterpretarse. No alude a ninguna numeración de documentos: alude a un cupo.
La escribanía de número era el oficio de escribano público con plaza fija en una villa o ciudad, en un cupo cerrado. Una población podía tener dos, cuatro o seis escribanos de número, y ni uno más. Quien no ocupaba una de esas plazas no podía dar fe pública allí.
Las consecuencias de ese cupo son considerables:
- La plaza tenía valor económico, porque el escribano cobraba aranceles por cada instrumento.
- La plaza tenía valor informativo: por sus manos pasaban las ventas de tierra, las dotes, los testamentos y las deudas de todo el vecindario.
- La plaza tenía valor político: quien redacta los documentos de una comunidad conoce su mapa de propiedad y de crédito mejor que nadie.
Con el tiempo, y sobre todo a partir del siglo XVI, estos oficios se hicieron vendibles y renunciables: podían comprarse a la Corona y transmitirse a un heredero o a un comprador. La monarquía obtenía ingresos inmediatos; las familias, un patrimonio estable.
Así nacieron las sagas de escribanos: linajes que conservaron durante generaciones el control de la fe pública de una villa.
De la espada a la pluma
Este es el punto donde encaja con lo anterior, y merece formularse sin adornos.
Un caballero de frontera obtenía su posición manteniendo caballo y armas, según vimos en el artículo sobre los hidalgos. Ese modelo dependía de que hubiera frontera. Cuando la frontera se alejó y luego desapareció, la función militar perdió rentabilidad y quedó reducida a estatuto honorífico.
Las familias que supieron adaptarse encontraron en el oficio público una fuente de poder de otro tipo: menos vistosa, más estable y considerablemente más lucrativa. En lugar de imponer con la espada, se pasó a establecer con la pluma qué era verdad ante la ley.
Y conviene recordar que no era un giro tan extraño como parece. La raíz germánica del propio nombre del linaje, gund-, cubría tanto el combate armado como el litigio; y ya en el reino visigodo, los miembros de la guardia real ejercían de iudices, jueces, además de comandar mesnadas. La combinación de fuerza y competencia jurídica es tan antigua como el linaje mismo.
Lo que dejó para nosotros
Hay una consecuencia práctica de todo esto que cualquier investigador agradece.
La obligación de conservar el registro creó los protocolos notariales: los libros donde el escribano copiaba los instrumentos que autorizaba. Esos libros se conservan hoy, en su mayor parte, en los archivos históricos provinciales.
Y contienen exactamente lo que las partidas sacramentales no dan: testamentos con la relación de hijos y bienes, cartas de dote con el ajuar y la hacienda de una familia, compraventas con linderos y vecinos, poderes, inventarios post mortem, capitulaciones matrimoniales.
Un testamento de 1650 puede resolver de golpe una genealogía atascada durante años, porque nombra al cónyuge, a los hijos vivos, a los difuntos, a los nietos y a veces a los hermanos del otorgante. Cómo localizarlos se explica en la guía de fuentes.
El poder discreto
Quien controla la fe pública de una villa no aparece en las crónicas ni en las batallas. Aparece al pie de todos los documentos, año tras año, durante décadas.
Ese es exactamente el tipo de poder que sobrevive a los cambios de dinastía: el que no depende del favor de un rey concreto sino de una función que la comunidad no puede dejar de necesitar.
Y es también la escuela profesional que permitiría, un siglo después, gestionar el mayor aparato burocrático del mundo: el que la monarquía hispánica montó para administrar un imperio de dos océanos, y que se examina en el pilar sobre el imperio global.
La estirpe de los González dedica un capítulo a la escribanía de número: el momento en que un linaje de guerreros descubrió que la fe pública era más rentable que la espada.
Vuelve al pilar: La espada y la pluma: los González en la Reconquista