Una orden salida de Madrid tardaba entre seis meses y un año en llegar a Lima, y otro tanto en volver la respuesta. Gobernar así medio mundo exigía delegar. El aparato que la monarquía hispánica montó para hacerlo fue el mayor sistema administrativo de su tiempo, y sus papeles siguen ahí.
La pirámide
El organigrama, de arriba abajo, funcionaba así:
El Consejo de Indias, en la corte, era el órgano supremo: legislaba, nombraba cargos y actuaba como tribunal de última instancia.
El virrey representaba a la persona del rey en su territorio —Nueva España desde 1535, Perú poco después—, con competencias de gobierno, hacienda, guerra y patronato eclesiástico.
Las Reales Audiencias eran tribunales superiores con funciones también de gobierno. Podían frenar al virrey y comunicarse directamente con el Consejo. Sus magistrados eran los oidores.
Los corregidores y alcaldes mayores gobernaban distritos: administraban justicia en primera instancia, recaudaban tributo y supervisaban a las autoridades indígenas.
Los cabildos, los ayuntamientos, gestionaban la vida de cada ciudad a través de sus regidores.
La clave del diseño es que las competencias se solapaban a propósito. Audiencia y virrey se vigilaban; los cabildos podían recurrir contra el corregidor; los eclesiásticos informaban por su cuenta. Un sistema deliberadamente ineficiente, porque a esa distancia la Corona temía más a un funcionario autónomo que a un expediente lento.
El oidor
Era la cima del escalafón jurídico colonial. Magistrado de una Real Audiencia, nombrado por el rey, con salario alto y prestigio social considerable.
Se accedía con formación universitaria en leyes o cánones —Salamanca, Valladolid, Alcalá, o ya en el XVII las universidades americanas— y una carrera previa acreditada. Es de los pocos cargos coloniales donde la competencia técnica pesaba tanto como el linaje.
Para evitar que echaran raíces locales, la Corona prohibía a los oidores casarse en su distrito, adquirir propiedades o mantener negocios en él. Las prohibiciones se incumplían con regularidad, y precisamente por eso se repetían en cada recopilación legal.
El corregidor
Era la administración en contacto con la realidad, y también su punto más problemático.
Su cargo combinaba justicia, recaudación y supervisión de las autoridades indígenas locales, con un salario modesto y un mandato breve. La tentación estaba servida, y su expresión más conocida fue el repartimiento de mercancías: la venta forzosa de bienes a la población indígena a precios impuestos, práctica prohibida una y otra vez y practicada durante siglos.
Esa figura concentró buena parte del descontento colonial y aparece de forma recurrente entre las causas de las grandes revueltas del siglo XVIII.
Los oficios se compraban
Desde el siglo XVI, la Corona vendió cargos públicos. Escribanías, regidurías, alféreces, tesorerías: buena parte del aparato administrativo estaba en manos de quienes lo habían comprado, con derecho a renunciarlo en un heredero o a revenderlo.
Para la monarquía era una fuente de ingresos inmediata. Para las familias, un patrimonio: comprar una regiduría era invertir en estatus y en influencia local durante generaciones.
Es la misma lógica que en Castilla había convertido la escribanía de número en un bien heredable, trasplantada a América y aplicada a escala continental.
El juicio de residencia
De todo el sistema, esta es la pieza que más interesa a quien investiga.
Al terminar su mandato, cualquier autoridad —virrey, oidor, corregidor— quedaba sometida a un juicio de residencia: un procedimiento en el que un juez nombrado al efecto examinaba su gestión y admitía denuncias de cualquier vecino contra él.
El sistema tenía sus vicios; muchos juicios se saldaban con multas simbólicas y acuerdos. Pero generó una masa documental de valor extraordinario, porque en esos expedientes declaran vecinos ordinarios sobre hechos concretos, con nombres, fechas y agravios.
Junto a los juicios de residencia están los memoriales de méritos y servicios, presentados por quienes aspiraban a un cargo, que resumen la carrera del solicitante y a menudo la de su padre y su abuelo.
Ambas series se conservan en el Archivo General de Indias y son accesibles a través de PARES, según se explica en la guía correspondiente.
Los criollos y la puerta que se cerró
Durante los siglos XVI y XVII, los descendientes de españoles nacidos en América —los criollos— accedieron con cierta normalidad a cargos administrativos, sobre todo a los comprables.
Las reformas borbónicas del siglo XVIII cambiaron esa política. La Corona restringió el acceso criollo a los altos cargos y reservó los puestos clave a peninsulares, con el objetivo de recuperar el control sobre una administración que consideraba capturada por intereses locales.
La consecuencia fue la contraria a la buscada. Una élite americana formada, rica, con experiencia de gobierno y excluida de los puestos superiores es exactamente el grupo social que dirigirá los procesos de independencia una generación después.
Ese desenlace, y el modo en que dividió a familias enteras del mismo apellido en bandos opuestos, se examina en el pilar sobre la universalización.
Lo que este aparato produjo
Al margen de su eficacia, el imperio hispánico dejó un legado peculiar: una cantidad de papel sin precedentes.
Cada nombramiento, cada pleito, cada tributo, cada residencia, cada memorial se escribió, se copió y se archivó. Por eso hoy es posible reconstruir vidas concretas de personas ordinarias del siglo XVI al otro lado del Atlántico, algo casi imposible para la mayoría de la Europa de la época.
Aquella burocracia obsesiva es, cuatro siglos después, la razón por la que un descendiente puede encontrar a su antepasado.
La estirpe de los González reconstruye el paso del linaje por este aparato: de la espada a la fe pública, y de la fe pública al gobierno de un imperio.
Vuelve al pilar: El imperio global: los González que cruzaron el Atlántico