Durante siglo y medio, quienes vivían en Hispania fueron juzgados por leyes distintas según su origen. Godos con derecho germánico, hispanorromanos con derecho romano, en el mismo territorio y bajo el mismo rey. En el año 654, el rey Recesvinto promulgó un código que acabó con esa doble legalidad. Fue el primer cuerpo jurídico común de la historia peninsular, y llegaría vivo hasta la Castilla del siglo XIII.
Un reino partido en dos por la ley
Cuando los visigodos se instalaron definitivamente en Hispania tras la derrota de Vouillé (507), heredaron un territorio jurídicamente fragmentado.
La población hispanorromana, mayoría demográfica abrumadora, se regía por el derecho romano en sus variantes locales: el Codex Theodosianus, las constituciones imperiales, los edictos de magistrados, la costumbre provincial. Los godos, minoría dominante en lo militar, aplicaban su propio derecho consuetudinario germánico, transmitido oralmente y construido sobre principios muy distintos: la composición —el wergeld, el precio de la sangre—, el juramento colectivo, la ordalía.
No era un tecnicismo. Era una división social peligrosa que se perpetuaba a sí misma. Los matrimonios mixtos estuvieron prohibidos durante décadas. Los godos monopolizaban las armas y el poder político; los hispanorromanos controlaban la Iglesia, la administración fiscal y la cultura escrita. Dos comunidades, un territorio, ninguna ley común.
Esa situación era insostenible a medio plazo, y los reyes visigodos lo entendieron. Un Estado viable exigía una comunidad política única bajo una ley única.
De Recaredo a Recesvinto
La unificación se hizo por partes y llevó tres generaciones.
El primer paso fue religioso. En el III Concilio de Toledo (589), el rey Recaredo abjuró del arrianismo y convirtió al reino al catolicismo, eliminando la barrera confesional que separaba a godos e hispanorromanos. A partir de ahí, los concilios de Toledo funcionarían como órganos mixtos donde se decidía tanto lo eclesiástico como lo político.
El segundo paso fue jurídico, y culminó en 654 con la promulgación del Liber Iudiciorum —«Libro de los Jueces»— por Recesvinto. Su principio rector es territorial y no personal: la ley se aplica a quienes habitan el reino, no a quienes pertenecen a un pueblo. Es un cambio conceptual de enorme calado.
Qué establecía el código
El Liber es un texto extraordinariamente ambicioso, que aspira a regular la vida social entera. Para lo que aquí interesa, su aportación decisiva es la definición de las categorías jurídicas:
- Ingenui: los libres de nacimiento, con plenitud de derechos. La categoría engloba tanto a la aristocracia goda como a los propietarios libres hispanorromanos. Es, precisamente, la fusión que el código busca.
- Nobiles: la aristocracia. Tierras heredadas, servicio militar montado y protección legal reforzada: las penas por delitos cometidos contra ellos eran superiores.
- Servi: los esclavos, sin personalidad jurídica propia. El código los regula con extensión, lo que revela hasta qué punto la esclavitud era central en aquella economía.
- Gardingi: la guardia personal del rey, con estatuto reconocido. El Liber es una de las fuentes que documenta su existencia institucional.
El código incluye además legislación contra prácticas religiosas no cristianas: idolatría, adivinación, sacrificios. Es la traducción jurídica de la campaña que el reino sostenía contra la religiosidad pagana superviviente, y que el XII Concilio de Toledo endurecería en 681 con penas para harioli y sortilegi.
Quién hacía cumplir la ley
Un código legal es tinta sobre pergamino si no existe una estructura capaz de imponerlo. Los reyes visigodos sabían que las leyes mejor redactadas carecen de valor si los poderosos pueden ignorarlas impunemente.
Hacían falta dos cosas simultáneamente: jueces que conocieran la ley y pudieran aplicarla, y fuerza armada que ejecutara las sentencias contra quien se resistiera. Los linajes de la aristocracia militar proporcionaban ambas.
Un miembro de esa élite en el siglo VII no era un guerrero analfabeto. Leía latín, conocía los códigos y había recibido formación retórica y jurídica; muchos ejercieron como iudices en ciudades y provincias. Y como comandantes de mesnadas territoriales, disponían de los hombres necesarios para hacer efectiva una sentencia.
Esa combinación —competencia legal y capacidad coercitiva— los convertía en piezas centrales del Estado. Ni guerreros puros ni burócratas puros: administradores armados. La misma dualidad que la raíz germánica gund- ya contenía, según vimos en el análisis etimológico, donde el término cubría tanto el combate físico como el litigio.
La ley como declaración de civilización
El Liber Iudiciorum tuvo también una función que hoy llamaríamos de imagen exterior, y que sus promotores tenían muy presente.
Los demás reinos germánicos —francos, longobardos, anglosajones— seguían rigiéndose en buena medida por derecho consuetudinario fragmentario. Poseer un código escrito, sistemático, redactado en latín y construido sobre categorías romanas era una afirmación deliberada: los godos no eran bárbaros ocupantes, sino herederos legítimos de la civilización imperial.
El destinatario de ese mensaje estaba en Constantinopla. El Imperio de Oriente consideraba a los reinos germánicos usurpadores de territorios imperiales, y la respuesta visigoda fue gobernar de manera más romana que Roma.
La supervivencia: del Liber al Fuero Juzgo
El reino visigodo se derrumbó en 711. Su código, no.
El Liber Iudiciorum siguió aplicándose entre los cristianos del norte durante los siglos siguientes y se convirtió en la base del Fuero Juzgo, la traducción romance impulsada en el siglo XIII bajo Fernando III, que se concedió como fuero a numerosas ciudades reconquistadas. La ley visigoda seguía funcionando quinientos años después de la desaparición del reino que la promulgó.
Ese detalle tiene más importancia de la que suele concedérsele. La continuidad entre la Hispania visigoda y los reinos cristianos medievales no fue solo un relato de legitimación construido por cronistas interesados: fue también una continuidad jurídica efectiva, con textos que se copiaban, se traducían y se aplicaban en tribunales reales.
Qué ocurrió con esa aristocracia cuando el reino se hundió, y cómo sus descendientes reconstruyeron su posición en la frontera del Duero, se cuenta en el pilar dedicado a la forja de Castilla.
La estirpe de los González reconstruye el papel de estos linajes como garantes armados de la primera legalidad común hispana, y su transformación tras el colapso de 711.
Vuelve al pilar: Gundulf, el guerrero lobo del que desciende el apellido González