Qué fue realmente la encomienda americana

Sobre el papel era un encargo de protección y evangelización a cambio de tributo. En la práctica fue el mecanismo por el que unos pocos miles de europeos extrajeron durante siglos el trabajo de millones de personas. Las dos afirmaciones son ciertas, y entender cómo pueden serlo a la vez es entender el imperio español.

La definición jurídica

La encomienda consistía en la asignación a un colono —el encomendero— de un grupo de población indígena, generalmente un pueblo o varios.

El encomendero adquiría el derecho a percibir tributo de esa población, en especie o en trabajo. A cambio contraía tres obligaciones: protegerla, procurar su instrucción en la fe cristiana y defender militarmente el territorio cuando la Corona lo requiriese.

Formalmente no incluía la propiedad de la tierra ni la de las personas. Los indígenas eran, en la doctrina legal de la monarquía, vasallos libres de la Corona. La encomienda tampoco era hereditaria en su formulación original, aunque en la práctica se prorrogó por vidas sucesivas.

Y aquí empieza la distancia entre el papel y el terreno.

Por qué no funcionó como estaba escrito

El diseño contenía un defecto insalvable: entregaba a un particular con intereses económicos directos el control efectivo sobre una población, y situaba la autoridad que debía vigilarlo a miles de kilómetros y varios meses de navegación.

La lógica de la conquista agravaba el problema. Los adelantados financiaban sus expediciones con capital propio y repartían encomiendas entre sus seguidores como pago. Quien había arriesgado su patrimonio esperaba recuperarlo, y lo recuperaba del tributo.

El resultado documentado, con enorme abundancia de fuentes, incluye tributos muy por encima de lo tasado, trabajo forzado en minas y obrajes, desplazamientos de población, y un colapso demográfico causado sobre todo por las enfermedades del Viejo Mundo pero acelerado por las condiciones laborales impuestas.

Lo llamativo no es que ocurriera, sino cuánto se sabía en su momento. La denuncia fue temprana, sostenida y procedía de dentro del propio sistema.

Las Leyes Nuevas y su fracaso

La presión de los denunciantes —el sermón de Antonio de Montesinos ya en 1511, las campañas de Bartolomé de las Casas después, los debates teológicos de Salamanca— produjo una respuesta legal considerable.

Las Leyes Nuevas de 1542, promulgadas por Carlos I, prohibían nuevas encomiendas, disponían que las existentes se extinguieran a la muerte de su titular y limitaban severamente el trabajo forzado.

La reacción fue inmediata y violenta. En el Perú, los encomenderos se alzaron en armas; el virrey enviado a aplicar las leyes murió en el conflicto. En Nueva España, la resistencia fue menos sangrienta pero igual de eficaz.

La Corona recuó. Las cláusulas más duras se suspendieron y la encomienda continuó, con modificaciones, hasta bien entrado el siglo XVIII.

Es un caso de estudio sobre los límites del poder imperial: una monarquía que legislaba con considerable sofisticación jurídica y que no podía imponer su ley a diez mil kilómetros contra la resistencia de quienes tenían las armas sobre el terreno.

La continuidad que este libro rastrea

Hay una lectura estructural de la encomienda que merece formularse con cuidado, porque es potente y a la vez fácil de exagerar.

El mecanismo —el rey concede a un guerrero el aprovechamiento de una población y un territorio a cambio de servicio militar y fidelidad— reproduce con notable exactitud el sistema por el que los reyes visigodos asignaban villae a los miembros de su guardia, y el que los reyes castellanos aplicaron después en la frontera del Duero con la presura y la caballería villana.

La misma estructura, tres veces, a lo largo de mil años: gardingos, hidalgos de frontera, encomenderos.

Ahora la advertencia. Que las estructuras se parezcan no significa que exista una transmisión directa entre ellas, ni una continuidad institucional demostrable. Es más probable que se trate de una solución recurrente al mismo problema —cómo controlar territorio con pocos recursos fiscales— que reaparece en contextos parecidos. Los juristas del siglo XVI no estaban copiando el Liber Iudiciorum.

Y hay una diferencia moral que la analogía no puede disolver: la encomienda se aplicó sobre poblaciones enteras conquistadas, en una escala y con una violencia sin equivalente en los casos anteriores.

Cómo terminó

La encomienda se fue extinguiendo por vías indirectas más que por abolición.

La Corona fue recuperando encomiendas al morir sus titulares, sustituyendo el tributo privado por el tributo real, y el repartimiento —asignación rotatoria de mano de obra gestionada por la administración— reemplazó al sistema anterior sin mejorarlo demasiado. En paralelo, la hacienda y el peonaje por deudas fueron creando formas de dependencia laboral que sobrevivirían a la independencia.

Formalmente abolida en el siglo XVIII, la encomienda dejó tras de sí una estructura de propiedad y de relaciones sociales que marcaría América Latina durante los dos siglos siguientes.

Lo que tiene que ver con un apellido

Mucho, y no de manera cómoda.

Los padrones y libros de tasaciones registran a numerosos encomenderos con este apellido en Nueva España desde los años veinte del siglo XVI. Y los mismos registros documentan el otro lado del proceso: los hijos nacidos de uniones —consentidas o no— entre colonos y mujeres indígenas, que adoptaron el apellido paterno.

Esa es la razón principal de que hoy haya millones de González en América. El apellido no llegó multiplicándose por familias españolas emigradas: llegó multiplicándose por mestizaje y por padrinazgo, y se examina en el pilar sobre la universalización del apellido.

La estirpe de los González aborda la encomienda sin coartadas: como la institución que hizo del apellido uno de los más extendidos del mundo, y a qué precio.

Ver el libro

Vuelve al pilar: El imperio global: los González que cruzaron el Atlántico